La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó una modificación que permitirá avanzar en la regularización de inmuebles rurales que permanecen bajo la figura de condominios indivisos, una situación que durante años afectó a familias que compartían jurídicamente una propiedad aunque, en la práctica, administraban y trabajaban sus tierras por separado.
La nueva normativa establece un régimen excepcional durante cinco años para determinados campos en condominio y situaciones vinculadas a procesos sucesorios. Entre las condiciones fijadas aparecen el acuerdo de los copropietarios, la correspondiente mensura, una superficie mínima equivalente al 10% de las magnitudes establecidas para cada zona y el acceso a camino público o mediante servidumbre.
Uno de los antecedentes del texto finalmente sancionado fue el proyecto 305/24, presentado en 2024 por el diputado provincial Hipólito “Poli” Altolaguirre junto a integrantes del bloque radical. A partir de allí se abrió una discusión legislativa que continuó durante dos años y terminó con la unificación de cuatro iniciativas provenientes de distintos bloques.
Altolaguirre puso el foco precisamente en ese recorrido. “En 2024 presentamos una iniciativa para dar respuesta a un problema que durante años afectó a muchas familias pampeanas: inmuebles rurales que, en condominios indivisos, no podían dividirse legalmente”, expresó al difundir la aprobación.
Según relató, desde aquella presentación comenzaron reuniones, consultas con sectores involucrados y negociaciones dentro de la Legislatura hasta alcanzar un texto común. “El proyecto abrió una discusión que continuó con reuniones, escucha a los sectores involucrados y trabajo legislativo. Finalmente, distintas propuestas pudieron unificarse y hoy la Cámara de Diputados aprobó una solución”, sostuvo.
El planteo apunta a situaciones generadas fundamentalmente con el paso de las generaciones y las sucesiones familiares. En numerosos casos, diferentes integrantes de una familia quedaron como copropietarios de un mismo inmueble rural, aun cuando cada uno explotaba o administraba sectores diferenciados, sin contar hasta ahora con una herramienta que permitiera concretar jurídicamente esa división.
La legislación aprobada no elimina el régimen general previsto por la Ley 468, sino que introduce una excepción transitoria destinada a resolver esos casos. Además, durante su vigencia deberá funcionar un Observatorio de la Unidad Económica Agraria para analizar su aplicación y aportar elementos para una futura revisión de las superficies mínimas rurales de la provincia.
El diputado radical destacó que el resultado final surgió del consenso entre diferentes espacios políticos. Durante el debate explicó que el texto unificó iniciativas del radicalismo, el Frejupa y el PRO-MID, con modificaciones realizadas durante el proceso legislativo.
Tras la sanción, Altolaguirre resumió el objetivo de la norma en la posibilidad de otorgar una herramienta concreta a quienes llevan años intentando ordenar la situación jurídica de sus propiedades.
“Creo en una política que escuche, dialogue y sea capaz de transformar los problemas concretos en soluciones”, expresó.
Y cerró su publicación con tres conceptos que utilizó para sintetizar los dos años de recorrido legislativo: “Trabajar. Dialogar. Resolver”.